Quiero traer aquí un artículo muy interesante de José Luis Luceño Campos, compañero de promoción y buen amigo. Se hace una pregunta sobre los miembros de los tribunales de selección de aquellos que van a educar a los niños y niñas. No cabe más sensatez y perspicacia.
"¿Quién selecciona a quienes educarán a nuestros hijos?
La calidad de la educación no comienza en las aulas. Empieza mucho antes, en el momento en que se decide quién merece convertirse en maestro. Y esa decisión, de enorme trascendencia social, debería estar en manos de los profesionales más competentes y prestigiosos del sistema educativo.
Sin embargo, la realidad actual dista mucho de ese ideal. La composición de los tribunales de oposición al cuerpo de Maestros responde, en buena medida, al azar. Basta con resultar designado para asumir una responsabilidad que condicionará el futuro profesional de decenas de aspirantes y, en consecuencia, el de miles de alumnos.
No siempre fue así. Durante años, los tribunales estuvieron integrados por un inspector de Educación, un catedrático de las antiguas Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado y tres maestros elegidos por el inspector entre aquellos que habían destacado por su competencia, experiencia y prestigio profesional. Ser nombrado miembro de un tribunal constituía un auténtico reconocimiento a una trayectoria ejemplar.
Aquel modelo partía de un principio tan sencillo como razonable: los mejores deben seleccionar a los mejores. Nadie entendería que un hospital eligiera a sus especialistas mediante un sistema que prescindiera del mérito de quienes los evalúan. ¿Por qué aceptarlo cuando se trata de quienes tendrán la misión de formar a las nuevas generaciones?
No se trata de cuestionar la profesionalidad de los docentes que hoy integran los tribunales. La inmensa mayoría actúa con honestidad y rigor. Lo que merece ser revisado es el sistema de designación. La excelencia educativa no puede descansar sobre un procedimiento que renuncia a identificar previamente a los profesionales con mayor solvencia científica, pedagógica y evaluadora.
Resulta significativo que gobiernos de distinto signo político hayan mantenido este modelo sin apenas debate. Parece haberse instalado la idea de que cualquier procedimiento sirve para seleccionar a quienes ejercerán una de las profesiones más decisivas para el futuro de un país. Y no es así.
España necesita recuperar la cultura del mérito y del reconocimiento profesional. Integrar un tribunal de oposición debería ser un honor reservado a quienes han demostrado una trayectoria docente sobresaliente, capacidad de liderazgo pedagógico y autoridad profesional. No como un privilegio, sino como una responsabilidad al servicio de la educación.
Porque, al final, la pregunta sigue siendo la misma: si exigimos a los aspirantes que demuestren excelencia para acceder a la función pública docente, ¿por qué no exigimos esa misma excelencia a quienes tienen la responsabilidad de juzgarlos?
José Luis Luceño Campos
Doctor en Psicología, Licenciado en Pedagogía e Inspector de Educación jubilado."
